EE.UU. detiene a Nicolás Maduro tras los ataques ocurridos en Caracas y declara un “control provisional” sobre Venezuela, mientras la ONU convoca una reunión de emergencia
Estados Unidos ejecutó en la madrugada del sábado una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, en la intervención más directa de Washington en América Latina en décadas, según reportes oficiales y de agencias.
El presidente Donald Trump sostuvo que Washington asumiría temporalmente la conducción de Venezuela “hasta que se garantice una transición segura”, y añadió que importantes compañías petroleras de Estados Unidos colaborarían en la restauración de la infraestructura energética del país, una declaración que provocó cuestionamientos y críticas sobre el verdadero alcance de dicha operación.
Según informó Reuters, la operación incluyó ofensivas contra instalaciones militares y provocó interrupciones eléctricas en zonas de Caracas. Trump señaló que unidades especiales detuvieron a Maduro en una de sus residencias de seguridad o en sus cercanías; después, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados inicialmente a un buque de la Marina estadounidense y más tarde volaron hacia Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó su arribo a Nueva York y se espera que el lunes se presente ante un tribunal federal.
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez describió lo sucedido como un “secuestro” y demandó la liberación inmediata de Maduro, reiterando que, según Reuters, continúa siendo “el único presidente” del país. Más tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dispuso que Rodríguez asumiera como presidenta encargada con el fin de “garantizar la continuidad administrativa” mientras se establece un marco legal ante la “ausencia forzada” del mandatario arrestado.
ONU: sesión del Consejo de Seguridad y tensión diplomática
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes tras una solicitud de Colombia respaldada por Rusia y China, informaron diplomáticos a Reuters. El secretario general António Guterres, a través de su portavoz, consideró que la acción estadounidense sienta “un precedente peligroso” y pidió respeto pleno al derecho internacional y a la Carta de la ONU.
Venezuela, por su parte, denunció ante el Consejo de Seguridad lo que calificó como una “guerra colonial” para imponer un gobierno títere y saquear recursos, según una carta citada por Reuters. Washington, en cambio, ha intentado enmarcar la operación como una acción de “justicia” contra un líder “indiciado” por narcotráfico, de acuerdo con declaraciones recogidas por la misma agencia.
Reacciones: opiniones divididas en América Latina y Europa
Las reacciones en la región fueron dispares. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó el ataque y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respaldó esas críticas y señaló que el bombardeo y la captura “cruzan una línea inaceptable”, según Reuters. En Chile, el presidente saliente Gabriel Boric condenó la intervención, mientras que el presidente electo José Antonio Kast celebró la detención de Maduro. México también expresó condena, mientras que Argentina y Ecuador mostraron respaldo a la acción estadounidense, de acuerdo con el mismo reporte.
En Europa, Alemania pidió una salida política y advirtió contra la escalada, enfatizando la necesidad de respetar el derecho internacional, según Reuters.
Tensión política en EE.UU.: el Congreso demanda aclaraciones
En Washington, legisladores demócratas denunciaron que fueron “engañados” en reuniones clasificadas previas, en las que —según dijeron— se les aseguró que no habría cambio de régimen ni acción militar. También exigieron un plan claro sobre el costo y el alcance de la intervención, mientras Trump argumentó que mantuvo el operativo en secreto para evitar filtraciones.
Por qué algunos lo ven como un avance para los derechos humanos
La idea central de los defensores es que el principal obstáculo para la recuperación democrática no era técnico sino coercitivo: el uso sistemático del aparato estatal para intimidar, encarcelar y silenciar a opositores, periodistas y ciudadanos. Un reporte sobre hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU describe prácticas como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, y califica la represión como parte de un patrón sostenido contra opositores.
